La segunda semana de enero del 2025 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer el Plan México, la “cartera de inversión” que el Estado mexicano promoverá para “transformar la economía del país”, y que acompaña a los planes de desarrollo sectoriales que han venido presentándose en estas semanas, entre los cuales están: el Plan Nacional Hídrico, el Plan Nacional Energético, de Hidrocarburos, entre otros.
El Plan México se alinea a la receta del desarrollo que plantea que hay que crecer en términos económicos y que, para ello como siempre, se requiere la ampliación de medios de transporte de mercancías (puertos, carreteras, trenes), la ampliación de recursos naturales extraídos (acueductos, más presas, más extracción de agua, de metales, más centrales eléctricas, entre otros) para abastecer a los corredores industriales y centros urbanos que, también, se esperan multiplicar.
La búsqueda de esta visión del desarrollo y crecimiento profundiza el extractivismo, lo cual entendemos como la acumulación de riqueza a través de la sobre-explotación de los bienes naturales y su expansión constante a territorios anteriormente considerados no productivos (y que como resultado de las políticas neoliberales, aún vigentes, se ha complicado su productividad durante los años, particularmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, hoy conocido como el T-MEC).
Es importante destacar que el Plan se presenta dentro del marco neoliberal, que a pesar de buscar más participación del Estado especialmente en el sector energético, no cuestiona los tratados de libre mercado y de protección de las inversiones transnacionales que violan la soberanía del Estado y privilegian a los grandes negocios y las empresas transnacionales por encima de todo. Es un modelo que sigue apuntando hacia la desregulación a través de la agilización de trámites, y que inevitablemente va a depender de las alianzas entre el capital privado y público; un tipo de alianza que suelen favorecer a las ganancias privadas, particularmente en un contexto de debilitamiento del Estado por las políticas de austeridad y los recortes respectivos a las instituciones públicas. Sumado a esto, la profundización de la militarización y la expansión de la violencia sistémica en todo el país amenaza a la vida y la defensa de los territorios, socavando la organización de las comunidades en contra de la expansión de los grandes negocios. Por todo esto, como REMA, llamamos la atención de los periodistas, la población y a las organizaciones de la sociedad civil, ante lo que vemos en el Plan México como una hoja de ruta que anuncia no sólo la profundización del extractivismo, sino su legitimación, bajo un velo de falso ambientalismo, nacionalismo, soberanía y humanismo.
Del Plan México que aquí comentamos se conocen al menos dos versiones, la versión de 19 páginas que puede ser descargada en la página planmexico.gob.mx, y una versión anterior que circuló los días previos a su presentación, y que incluía un apartado de Minería como parte de los “sectores de inversión clave”. Pese a que esta sección fue rápidamente eliminada de la versión que actualmente puede consultarse, deja entrever a los actores, las conversaciones y los acuerdos que están ocurriendo entre el gabinete del “segundo piso de la cuarta transformación” y las empresas mineras de siempre.
Sobre el apartado minería
Llama la atención que, en apenas una página de infografía, el documento explicita contradicciones flagrantes con la legislación minera aprobada en 2023 y con la propuesta de reforma que se envió en febrero del año pasado. Esto se explicita en dos momentos de la hoja hoy eliminada: el primero de ellos en la sección que menciona como parte de sus acciones el “permitir concesiones de exploración a empresas privadas”, cuestión que en la Ley actual es competencia exclusiva del Estado. La segunda, al indicar se impulsará “un esquema de concesiones distinto para la minería a cielo abierto”, algo que anuncia ya que la propuesta de reforma enviada en febrero de 2024 para prohibir la minería a cielo abierto será desechada en lo sustantivo, o adaptada para, como suele hacerse desde el Estado, cambiar algo para que todo siga igual. Esto al hacer creer que importa el cuidado ambiental y la salud de la población, mientras se abren las puertas y se permite la participación de las empresas mineras canadienses en el proceso de redacción del reglamento de la reforma de la misma Ley (ver los registros de la participación del cabildeo canadiense para ello en el comunicado “La Trampa de la Diplomacia Económica Canadiense en la discusión de las Reformas a la Ley Minera”).
En el mismo fragmento de minería del Plan México se indica que la Secretaría de Economía va a reformar nuevamente la Ley de Minería. Una ley que, con bombos y platillos fue aprobada en 2023 y ovacionada por las organizaciones que la promovieron, anunciada como una reforma que avanzaba en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades frente al modelo expoliador de la minería. Desde la experiencia de la REMA, tenemos claridad que la actual Ley de Minería no es para nada una ley avanzada sino que perpetúa y legitima el despojo (ver comunicado «El modelo extractivo sigue vigente con la ley minera”), pues aunque la ley limita en cierto sentido el extractivismo al prohibir la emisión de nuevas concesiones en Áreas Naturales Protegidas y en el suelo marino; en otros varios aspectos lo refuerza y lo perfecciona:
- Por ejemplo, esto ocurre al obligar que las concesiones entren en explotación durante los primeros dos años luego de su otorgamiento, lo que limita enormemente la capacidad de las poblaciones afectadas a reaccionar ante estos proyectos.
- Además por impulsar mecanismos de “compensaciones económicas” para los pueblos originarios, que a la luz de los impactos socioambientales a perpetuidad en sus territorio representan míseras remuneraciones y que, de recibirlas, lo harán a costo de la fragmentación comunitaria y de la aceptación de que la devastación ambiental y social que la minería genera “tiene precio” de compensación. Por ejemplo, la situación de comunidades que han logrado “negociar” con estas empresas y que, si bien reciben compensaciones y pagos significativos (mucho mayores a lo que el mecanismo enunciado en la Ley promueve), viven en situaciones de limitación total de su salud y vida, como el Ejido Carrizalillo, en Guerrero (ver boletín de prensa: Ejidatarios cierran operaciones de mina “Los Filos» de Equinox Gold, por incumplimiento de cláusulas de convenio y en medio de amenazas).
De los beneficiarios del desarrollo minero en México
Otro aspecto que nos alerta de la sección minera del Plan México radica en las nada sorprendentes y ominosas alianzas que refuerza el Estado con actores económicos mineros, causantes de la contaminación, explotación y criminalización en nuestro país. Pues anuncia que la empresa Grupo México del Germán Larrea, será el principal inversor en el Plan Sonora, un proyecto que busca adecuar el noroeste de México para seguir abasteciendo de manera dependiente a las cadenas de producción de Estados Unidos, con insumos, agua, mano de obra y energía para sectores supuestamente en ebullición (industria de chips y de carros eléctricos que se quedará en Estados Unidos), así como proyectos vinculados con la cadena de transformación del cobre.
Este plan, impulsado por Marcelo Ebrard, Alfredo Durazo, y sus aliados incondicionales de la Cámara Minera en México (CAMIMEX), a la REMA nos confirma:
1. Los poderes fácticos siguen manteniendo su misma hegemonía, aunque esta administración plantea entre sus principios “la separación entre el poder político y el poder económico en la toma de decisiones”.
2. Los planes y proyectos que impulsan empresarios y el Estado hacen parte de un nuevo discurso global de transición energética que justifica un nuevo modelo de explotación y de consumo, a la vez que la matriz energética sigue en expansión en lugar de un proceso de sustitución, y que se viste de falsas soluciones y justifica la extracción de nuevos minerales.
3. Los nuevos discursos ambientales de esta administración promueven la idea de que la minería puede ser ecológica, sustentable, o socialmente comprometida y responsable. La muerte y devastación que genera el extractivismo, aunque éste se vista de verde y soberana, sigue siendo muerte y devastación.
Para la memoria y la justicia de los pueblos afectados por la minería, ¿Es necesario listar los icónicos delitos que Germán Larrea tiene en México? ¿Hay algún funcionario en este país que no haya escuchado del desastre ambiental que esta empresa provocó sobre el río Sonora[1], o el crimen en la mina Pasta de Conchos?
El desarrollo industrial, justificación para la desregulación
Además de estos elementos que hacen parte de la sección de minería, hay otros anuncios incluidos en el Plan México que consideramos especialmente riesgosos, y que aún forman parte del documento descargable del sitio oficial:
- La expansión de zonas de sacrificio en favor del “desarrollo industrial” y en nombre del “bienestar”. El Plan anuncia la meta de construcción de 100 nuevos parques industriales, mal llamados “polos de bienestar” alrededor del país. En el marco del neoliberalismo, se ha justificado a capa y espada la expansión industrial por ser “generadora de empleo” -este slogan al que hoy se le agrega el gancho de que tendrán “buenos salarios”- sigue sin cuestionar los costos que la industria “externaliza” tales como: el reordenamiento territorial; la urbanización descontrolada; el acaparamiento de los servicios de agua, transporte y energía; las afectaciones sociales, ambientales y a la salud de la pérdida de actividades tradicionales y la generación de enormes cantidades de desechos tóxicos sólidos y de aguas residuales que contaminan agua, suelo y aire; la poca regulación o fiscalización que tiene; los pocos impuestos que pagan; y la violencia y la militarización que se instala en los corredores industriales.
- Reducir trámites, observación e impuestos para “facilitar” la inversión. Una de las metas enunciadas es la facilitación de trámites que buscan reducir aproximadamente 1.6 años el “tiempo total para concretar una inversión”, y a un 50 % los trámites y requisitos de empresas “desde su constitución legal hasta los permisos de construcción y operación”. Esto implica pasar de 53 a 29 trámites, y de 493 a 125 requisitos. Nuevamente estamos ante un proceso de desregulación que ha sido un elemento recurrente del neoliberalismo. ¿Qué implicaciones tiene esto en un marco de operación donde, de por sí, las empresas operan con amplio margen de ventaja frente a las comunidades y frente a un Estado que no cuenta con la capacidad de vigilarlas y cuya capacidad está siendo reducida cada año en el contexto de las políticas de austeridad? Más que reducir los requisitos, se debería dar la capacidad real al Estado, a los organismos de gobierno comunitarios, y a la sociedad civil en general para conocer y verificar cada permiso y trámite, en lugar de que, sin leerlo, se acepten todos ellos para que “la inversión siga su curso”.
- Beneficios tributarios. En este rubro, también se incluye la meta de ampliar los beneficios fiscales para los mentados “sectores estratégicos”, donde la minería se mantuvo en la última versión, junto con la construcción, infraestructura eléctrica, química y farmacéutica. ¿Cuánto vamos a subvencionar como sociedad a la industria, a través de no cobrarles impuestos a la inversión privada? Además de estas condonaciones directas, el Estado va a invertir nuestro dinero en un conjunto de obras que más que beneficiar a la población, lo harán a estas inversiones mientras generan más conflicto social.
El Plan México, y los proyectos de desarrollo que hasta ahora se han presentado no impulsan un modelo de desarrollo distinto al neoliberal, no impulsan de manera sustantiva la agroecología ni el fortalecimiento del campo, y no presenta una opción más soberana ni sostenible. Fortalece, sí, una reedición del modelo de desarrollo neoliberal, ahora bajo el principio del nearshoring que renueva el extractivismo y la ampliación de las obras que lo impulsan (presas, carreteras, centrales eléctricas, etc.). Estas recetas económicas y políticas imperantes ahora nos colocan ante nuevas narrativas y debates: ¿Soberanía para qué y para quién? ¿Existe un capitalismo humanista? ¿Qué significa bienestar? ¿Cuál es el significado de bienestar para los pueblos y comunidades? ¿“Prosperidad compartida”?
¡No al extractivismo! ¡No a la minería! ¡Sí a la vida! ¡Sí al fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos y comunidades, para la defensa de su territorio!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
[1]Ver el reconocimiento que en 2023 hizo el Estado mexicano de la responsabilidad de Grupo México ante estos hechos en La Semarnat reitera que el derrame ocurrido en el río Sonora fue por negligencia de Grupo México
