por Equipo Jurídico Pueblos
La intervención del presidente Gustavo Petro rendido en Ocaña el pasado 27 de enero, entre otras, está desatando una violenta persecución contra un sector del movimiento popular. Mientras a nivel internacional el mandatario se manifiesta en contra el genocidio sionista en Gaza, al interior del país, su opción de cambiar su política de Paz por la salida militar, está generando en la región del Catatumbo la profundización del proceso genocida aplicado en Colombia desde hace décadas.
En la sentencia del Tribunal Permanente de Los Pueblos -TPP- que sesionó en 2021 en nuestro país, se destacó que “En el caso de Colombia lo que podemos observar es un conflicto que atravesó al conjunto de los lazos sociales comunitarios pero cuya representación tiende a ser reducida a los efectos de un conflicto armado o a la lucha contra el narcotráfico, invisibilizando las consecuencias del terror en la transformación de lazos sociales y los efectos de estas representaciones en cualquier posibilidad de reparación o elaboración de la experiencia de aniquilamiento, como ha quedado claro en los numerosos documentos presentados ante este Tribunal”.
El TPP identificó a partir de múltiples pruebas y testimonios practicados, que i) la cuestión de la tierra (la tenencia y uso) es “uno de los factores originarios” del proceso genocida contra el campesinado; ii) que el Estado ha intervenido para favorecer los intereses privados y de empresas transnacionales, “ya sea que tengan intereses vinculados a la explotación agropecuaria, de recursos naturales, y/o del extractivismo minero, según los momentos históricos y las distintas regiones del país”; iii) que las fuerzas oficiales y las estructuras paramilitares jugaron un rol fundamental en la imposición del terror; iv) El propósito del aniquilamiento de las organizaciones campesinas -a través de asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, judicializaciones, desapariciones forzadas, etc- no ha sido otro que la destrucción y reorganización de relaciones sociales en el territorio; v) En este proceso ha sido necesario crear una alteridad negativa, en la que han sido incluidas las comunidades y procesos organizativos del campesinado.
A esta realidad no ha escapado el pueblo del Catatumbo, por el contrario, esta región ha sido profundamente afectada y transformada por medio del terror genocida; no obstante, han sobrevivido proyectos organizativos del campesinado y el pueblo Barí, que siguen disputando el territorio desde proyectos autónomos para la vida digna, que siguen siendo blanco de aniquilamiento.
Los discursos de Petro contra el ELN profundizan el exterminio
En este contexto, el 16 de enero de 2025, se agudizó una confrontación militar entre el ELN y las disidencias de las antiguas FARC, en la que posteriormente intervino el gobierno nacional con la declaratoria regional del estado conmoción interior. Además como efecto inmediato, unilateralmente el gobierno decidió reconfigurar el “Pacto por el Catatumbo” excluyendo a diversas organizaciones campesinas de la región que venían construyendo propuestas mediante una metodología participativa.
En distintas alocuciones y discursos el mandatario ha emitido opiniones sobre el accionar del ELN en el Catatumbo, comparándolo con la intervención genocida de Netanyahu contra el pueblo palestino, agregando que “lo que hay en el Catatumbo es una fuerza extranjera ocupando el territorio… por eso yo dije en uno de mis trinos este es un problema de soberanía nacional, no solo es un conflicto interno…”; que “… el ELN al empezar a financiarse con el narcotráfico… empezó a pensar como narcotraficantes… actúa como paramilitares y quiere ser paramilitar…”; “Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas”; “La masacre cometida por el ELN (…) calca perfectamente el accionar de los paramilitares cuando llegaron a la zona: masacre de campesinos civiles, en estado de indefensión”. Incluso ha aludido a los supuestos vínculos del ELN con el cartel del Sinaloa.
A estos discursos se suman las declaraciones del General Giovanni Rodríguez, Comandante de la Segunda División del Ejército Nacional en las que indica: “Estamos realizando una operación de control territorial y hemos mantenido combates. Lo más difícil de todo es que están de civil dentro de las casas, que es uno de los análisis, dentro de las casas y esto hace más compleja la actuación de nuestros hombres que van a ser siempre respetuosos de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
Al margen de los múltiples debates y críticas necesarias a la caracterización que realiza el Presidente Petro del ELN y del conflicto armado interno, así como por la banalización del genocidio sionista contra el Pueblo Palestino; lo cierto es que los discursos del mandatario no solo cerraron la puerta a la una eventual solución política al conflicto con esa organización insurgente; sino que le da un viraje sustancial al discurso de la paz total, que determina incluso las decisiones en el campo militar y sobre el control del territorio; pues retorna a una política de negación del conflicto armado -como en su momento lo hizo los ex presidentes Uribe y Duque- al calificar a las guerrillas como amenazas terroristas que, igual que lo cree el General Giovanni Rodríguez, se esconden entre la población civil.
La demonización del adversario en la guerra ha sido una constante en el desarrollo del conflicto armado en Colombia, que ha alimentado y perpetuado la tristemente vigente doctrina del enemigo arraigada en las Fuerzas Militares del Estado, con consecuencias nefastas para el derecho humanitario en los campos de batalla y por fuera de estos. Pero el principal problema de ello radica en que la construcción de un enemigo difuso: El/la para-eleno/a (que puede estar de civil en la casa de un campesino/a, o en una Junta de Acción Comunal), es funcional al proceso genocida en curso en el país, que de cuerdo con lo señalado por el TPP “…se ha expresado en los dos conjuntos de prácticas: a) ataques de carácter más general centrados en la destrucción de tipos específicos de relaciones sociales desde una política de terror que buscaba afectar a cada colombiano y b) ataques más específicos, destinados a grupos y organizaciones específicas de la población, sean estos de carácter étnico, nacional, político, de género, identidad sexual, etc.”
En este contexto, el discurso del Presidente Petro es altamente problemático y peligroso -y se intensifica en un estado de conmoción interior- en el que la institucionalidad militar juega un papel fundamental la estrategia gubernamental de control del territorio: No estamos hablando de cuerpos castrenses destacados en el respeto del DIH y los DD.HH; sino de fuerzas educadas en la doctrina del enemigo interno, desde la que han concebido a las comunidades organizadas en defensa del territorio, como parte del adversario al que debe eliminar.
El ejército colombiano responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que además ha contribuido en el fortalecimiento del proyecto paramilitar, no está en el pasado. Por ello es -cuando menos simbólico- que al frente de las fuerzas militares del territorio, hoy esté uno de los generales cuestionados por su participación en las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región: El general Giovanni Rodríguez León, fue señalado en la JEP por el coronel (r) Santiago Herrera “de haber participado en dos homicidios que hicieron pasar como bajas en combate durante su paso por el Batallón Contraguerrillas 95 en la Brigada 15 en el 2006”. El mismo general que hoy afirma que el ELN se esconde en las casas de los campesinos/as.
La “construcción de enemigo” (otredad negativa) contra el movimiento popular: Los efectos del discurso presidencial en el proceso genocida en curso
Tal como fue reconocido en el fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos: “La estrategia contrainsurgente del Estado colombiano durante varias décadas ha incorporado el objetivo genocida de subgrupos nacionales, como destrucción total o parcial de grupos de población alineados (real o hipotéticamente, efectiva o afectivamente, fundada o infundadamente) en contra del modelo práctico de nacionalidad con el cual se identifican los agentes del Estado y las capas e instituciones más poderosas del conglomerado social colombiano”. Así, las expresiones organizadas de los sectores populares, no han escapado a la alteridad negativa construida desde el grupo opresor (genocida). La estigmatización y el señalamiento han formado parte fundamental del proceso genocida contra las organizaciones populares que han defendido el territorio y le han apostado históricamente a la construcción de proyectos de vida digna y de una paz con justicia social, consecuencia de ello, han tenido que afrontar judicializaciones, asesinatos, desapariciones forzadas y toda suerte de hostigamientos y controles, que están lejos de quedar en el pasado.
Lamentablemente, esta es la realidad que afrontan hoy varios sectores de la población en el Catatumbo. La construcción de enemigo denominado hoy como para-eleno posicionada por Petro en sus alocuciones y discursos presidenciales, no duró en trasladarse contra los procesos organizativos de la región.
Desde finales de enero de 2025, a través de redes sociales -supuestamente- de las disidencias o perfiles (seguramente falsos) de personas que no ocultan su afinidad con estas estructuras; se vienen rotando distintos panfletos (con el hashtag #paraelenos) en los que se señala a reconocidos/as líderes/esas del Catatumbo, como presuntos/as integrantes del ELN, acusándoles falsamente de haber cometido crímenes graves contra la población. Tras estos señalamientos varios/as de ellos/as han sido contactados por militares de la Fuerza Vulcano, con ofrecimientos de protección e incorporación en la red de cooperantes.
Simultáneamente, en grupos de WhatsApp en los que se encuentran vinculadas personas de las comunidades y externas a estas, se viene difundiendo información falsa a través de audios, en los que se habla de supuestas reuniones de estos dirigentes campesinos y comunales previamente estigmatizados/as, con comandantes del ELN.
A la estigmatización se suman otras acciones y amenazas directas contra la vida e integridad de estas personas: A la casa de una dirigente demonizada, por ejemplo, arribaron sujetos desconocidos que se presentaron como presuntos miembros de las disidencias, que se retiraron tras constatar que ella no se encontraba en el lugar (del cual salió previamente porque había sido advertida de un plan para asesinarla). Asimismo, se vienen divulgado entre las comunidades informaciones falsas sobre el asesinato de algunos dirigentes comunales, situación que en este contexto constituyen advertencias claras hacia ellos; máxime cuando se dan en medio de rumores generalizados en los que se advierte que las acciones militares del ELN contra las Disidencias en el Catatumbo, serán “cobradas” con la muerte de los líderes y lideresas sociales y procesos populares, sobre los que históricamente han recaído este tipo de señalamientos. Estos ataques a través de las redes sociales no sólo ha impactado a las personas directamente estigmatizadas, sino a toda la población del Catatumbo, pues se ha creado un ambiente caótico, ante la práctica de terror de señalar falsamente a personas y/o familias con el objetivo concreto de generar desplazamiento, y provocar en el fondo quiebres de relaciones comunitarias.
Toda esta situación evidencia, por un lado, la forma como se ha cumplido propósito genocida de romper los lazos de cooperación, confianza y solidaridad al interior de los procesos organizativos que confluyen en la región del Catatumbo que incluso ha logrado implantar el señalamiento y la estigmatización como una práctica social -que otrora era ajena al movimiento social; y por el otro, la continuidad de un proceso de aniquilamiento físico y simbólico de todo proyecto comunitario autónomo y contra hegemónico.
Frontera, Militarización y avance paramilitar
Otro rasgo característico de la situación que hoy vive el Catatumbo, lo constituye sin duda la militarización de la vida comunitaria y los territorios, que se expresa en el aumento del pie fuerza, situación que ya se venía presentando desde agosto de 2023, con el inicio del cese bilateral del fuego entre el ELN y las fuerzas gubernamentales. Después de la declaratoria del estado de conmoción interior, pobladores de la región han denunciado que el Ejército Nacional, principalmente las bases en Tibú, realizan lanzamientos disuasivos de morteros que en algunos casos han afectado viviendas campesinas; denuncian igualmente el desarrollo de combates entre las fuerzas oficiales contra el ELN en lugares muy próximos a sitios poblados; el involucramiento de la población en acciones de inteligencia militar, entre otros. La población teme el retorno de las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas, la ocupación militar de sus fincas y el incremento en el asesinato de defensores/as del territorio (práctica que no ha parado en el gobierno actual).
Otro elemento de la realidad territorial, que suele invisibilizarse mediante el reforzamiento de una matriz mediática que ubica al ELN como el enemigo público a exterminar: es el avance paramilitar en el Sur de Bolívar y Cesar, y la utilización de bandas delincuenciales en los cascos urbanos de Cúcuta y Ocaña, para generar un ambiente de desestabilización y caos y justificar la militarización de la Frontera.
Así pues, en una región donde existen intereses geopolíticos y del gran capital y en la que las organizaciones campesinas e indígenas han sido el blanco de accionar genocida, el camino escogido por gobierno nacional, incluidos sus discursos, agrava y profundiza la situación crítica de la población del Catatumbo.
