Por: Juan Alejandro Echeverri
Fotos: Camilo Gómez
EL TARRA/Norte de Santander. “La Casa del Trueno” padece las contradicciones entre la poética discursiva del Estado y la realidad material concreta. “Norte de Santander, territorio de paz”, versa uno de los eslóganes de la actual gobernación del departamento; “propongo hacer del Catatumbo la capital mundial de la paz”, dijo con heroicidad el presidente Gustavo Petro durante una visita que hizo al municipio de El Tarra el 28 de agosto de 2022. Los hechos, las cifras y la incertidumbre de las personas desdicen al gobierno nacional y departamental. Desde el 15 de enero la región vive otro temporal violento que ha desplazado a miles y asesinado a decenas.
La catástrofe parece prerrequisito para que Colombia y Bogotá —su legión de expertos de escritorio, y sus medios con sus titulares y notas prefabricadas— se acuerden —o se enteren— que existe una porción de la Nación llamada Catatumbo. Desde que estalló la guerra entre el ELN y el EPL en el 2018, la que también documentamos, no es mucho lo que ha cambiado; solo las siglas de los actores armados en combate. Las comunidades siguen sometidas al temperamento de los fusiles, sobreviviendo en índices de pobreza multidimensional que en algunos municipios alcanza el 60% de la población, y condenadas a sacrificar su vida en las economías ilegales o en las batallas fratricidas. En medio de la adversidad —la estigmatización y miopía de la legión de expertos de escritorio y los medios con sus titulares y notas prefabricadas, según los cuales en el Catatumbo solo hay cultivos de coca, delincuencia y guerrilleros— tampoco han cesado los intentos de las organizaciones sociales por transformar esa normalidad histórica con voluntad e imaginación.
Se ha repetido hasta el cansancio que la actual crisis estaba anunciada. En la sesión conjunta de la Mesa Humanitaria y las organizaciones sociales, realizada el 4 de febrero en El Tarra, Alberto Castilla, líder del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), dijo que a mediados de diciembre, cuando las organizaciones presagiaron lo que podría ocurrir, algunos funcionarios “creyeron que era mentira”. En el mismo espacio, Iris Marín, directora nacional de la Defensoría del Pueblo, calificó como inaceptable la respuesta del Estado a dichos pronósticos.
El Catatumbo hoy vive bajo un estado de conmoción interior, que es reflejo de la conmoción administrativa que ya no tiene cómo ocultar el ejecutivo. En la recta final de su mandato, ya hay síntomas de que en algunos sectores de la región, la promesa gubernamental de cambio está perdiendo sus reservas de confiabilidad, en parte por jugar la carta militar. En los estimados de algunas organizaciones se habla de alrededor de 17.000 soldados presentes en la región; el presidente anunció que podrían ingresar 10.000 más. Petro apela a experimentos fallidos del pasado. El Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) pudo documentar que en 2018, cuando el expresidente Iván Duque acudió a la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) 3 del Ejército para aplacar la confrontación de aquel entonces, las violaciones a los derechos humanos incrementaron un 60%.
En el evento realizado hace unos días en El Tarra, en el cual estuvieron presentes funcionarios de varias entidades y delegados de la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado, Uber Conde, alcalde de Teorama y escogido para hablar en representación de los demás mandatarios, dijo que la región dejó a un lado las diferencias “para construir un mecanismo que sembrara la esperanza. La salida no es militar, necesitamos inversiones reales ya”.
Conde hacía referencia al Pacto Social por la Transformación del Catatumbo, el cual es fruto de un trabajo colectivo y condensa las inversiones necesarias para que los jóvenes conecten el sabor universitario con la tierra; se formule con la población las políticas de sustitución de la hoja de coca; se conecte el territorio con el Magdalena Medio y Venezuela; y exista un acuerdo social entre el campesinado y el pueblo Bari para recuperar los ecosistemas de la región. En este proceso que inició en 2022, participaron y convergieron las principales organizaciones sociales de la región: el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) y la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT). Luis Fernando Niño, Alto consejero para la Paz y la Reconciliación, quien participó en el evento en representación del gobernador de Norte de Santander, reiteró la necesidad de materializar las más de 127 iniciativas que componen el Pacto.
En julio de 2024, en Ocaña, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lideró un encuentro de concertación entre las comunidades y el Gobierno. Las partes acordaron cinco ejes estratégicos que dieran forma al Pacto por el Catatumbo: ordenamiento territorial participativo y popular; modelo regional de salud; red educativa regional y universidad del Catatumbo; transformación económica, agroindustrial y productiva para el desarrollo endógeno del Catatumbo; conectividad, infraestructura vial y transporte intermodal; y la paz total como eje transversal. Aunque no cuente con la firma oficial del Gobierno y las organizaciones no posean una versión final oficial, en una publicación de INDEPAZ titulada Transformación territorial y reconfiguración del conflicto. Retos y propuestas para el Catatumbo, la organización recapituló algunos elementos centrales de dicha hoja de ruta, entre ellos: manuales de convivencia comunitarios, núcleos de desarrollo forestal y bioeconomía, acceso a vivienda urbana y rural, ampliación de la red hospitalaria pública, implementación del Sistema Indígena de Salud Propio del pueblo indígena Barí, puesta en marcha de la Universidad del Catatumbo, transporte escolar permanente, programas e infraestructura para el deporte con enfoque étnico en las zonas rurales, erradicación del analfabetismo, impulso a la economía circular, construcción de fábricas de bio-abono y plantas para el procesamiento de carnes y harinas, reducción de precios y regulación del comercio de insumos agrícolas, y la adecuación de 572 kilómetros de vías intermunicipales, por mencionar algunos. El resumen más ejecutivo y conciso del Pacto podría decir que en el Catatumbo está casi todo por hacer; que en el siglo XXI, el Catatumbo vive en condiciones propias del siglo XX.
“Hace poco fui invitado al colegio de El Tarra a una charla, y una de las estudiantes me dijo: ¿usted cree que yo pueda ir a la universidad de El Catatumbo? Ese día sentí que lo que falta es hacer realidad los sueños. Ojalá esa muchacha no sea una de las que está en la confrontación armada”. Alberto Castilla compartió en la sesión humanitaria esta anécdota antes de lanzar una crítica al Gobierno por argumentar que la declaratoria del estado de conmoción interior es una medida que se toma para ejecutar los recursos que demanda el Pacto. Según el líder campesino, han existido todas las herramientas constitucionales y legales, además la institucionalidad necesaria para construir la paz en la región. Para la firma e implementación del Pacto “ha faltado voluntad política. Pedimos a los funcionarios expedir un decreto y comprometerse con la firma de este contrato social. La inversión para la paz pudo haberse hecho ya, puede hacerse todavía sin la declaración de un estado de excepción”.
Castilla también reprochó que el paquete de decretos emitidos en el marco del estado de conmoción ha desvirtuado el Pacto político y de confianza que el Gobierno venía construyendo con las organizaciones, pues, planteó él, no busca solucionar las problemáticas de fondo de los municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pactado en el Acuerdo de Paz con las FARC; se destinan recursos para el área metropolitana de Cúcuta en lugar de los municipios proyectados en el Pacto; y se transfiere toda la responsabilidad presupuestal y administrativa a los gobiernos departamental y municipal, alejando a las organizaciones de escenarios decisorios. Esta última situación en particular preocupa por los antecedentes de un departamento acostumbrado a que se investigue y condene a sus gobernantes por casos de corrupción, además estamos en año preelectoral, el ministro del interior es de la región y se rumoran sus deseos de competir por la presidencia. El Pacto, reconoce el CISCA, no es la solución a la multricisis del Catatumbo, pero puede ser el punto de partida si son las comunidades quienes lo ejecutan, de no ser así existe el riesgo de que los dineros flexibilizados con los decretos de conmoción interior vayan a parar a unos pocos bolsillos.
Durante la audiencia en El Tarra se señaló además el barullo en el manejo de las cifras, hay sospechas de que se sobredimensionaron los números con premeditación: “Este dolor que está viviendo el Catatumbo no tiene propietario, es un dolor colectivo. No preguntemos por quién están doblando las campanas. No queremos creer que se esté generando una situación política para hacer del Catatumbo un experimento donde no importan las víctimas sino el hecho político. Una especie de piloto donde se abandona el camino de la solución política al conflicto armado”, sentenció Alberto Castilla.
La sesión humanitaria del 4 de febrero estuvo precedida por una caravana que salió muy temprano desde Ocaña, el epicentro político y económico de la región, para llegar hasta El Tarra. A la vera de la trocha polvorienta una mujer arrastraba un bebé en un coche rosado, un raspachin exhausto descansaba sobre el costal que atesoraba su cosecha, y la puerta de una escuela rural estaba decorada con bombas y un letrero que decía bienvenidos. Pareciera que la vida y el comercio transcurre con normalidad, pero en la mirada de la gente se ve el peso de la zozobra y la desconfianza. Pareciera que estremece el ruido de su ausencia, pero la tragedia está ahí, agazapada detrás de cualquier montaña. Un joven que se gana la vida trabajando en una fábrica de arepas nos contó que dejó de hacer la cantidad de tinto habitual porque al caer la noche se le estaban quedando los termos llenos; y nos recomendó abandonar el caserío después de la seis de la tarde. En el municipio de San Pablo cada noche es una batalla contra el miedo por la incursión militar que según los rumores se avecina. Y los medios locales reportan bombardeos en diversas veredas.
Mientras regresábamos de El Tarra, por cadena nacional se transmitía un consejo de ministros en el que Gustavo Petro decía que de 195 compromisos hechos con el “pueblo, se han incumplido 146”, es decir el 75%. Horas antes, en la sesión de la Comisión Humanitaria, Lilia Solano, directora nacional de la Unidad para las Víctimas, decía: “Vinimos para escuchar a las comunidades, lo que para nosotros es un mandato. No se ha renunciado a nada, el Gobierno no va a frustrar el sueño del territorio”.
No sé quién le creería, en el Gobierno del único Buendía que pudo ser presidente, los desplazados también pasan de moda; el nieto de Aureliano ladra, pero no muerde.
