La guerra en Colombia, cuyo origen reposa en el incremento de la violencia como vía de desarrollo del conflicto social, político, ambiental, cultural y patriarcal, impuesto por los ricos y poderosos, tiene su expresión en todos los territorios del país y el Catatumbo no ha sido ajeno a esa dinámica; en las ultimas 4 décadas esta región ha transitado por distintos momentos de incremento de la violencia según las condiciones políticas y materiales locales, del país o, incluso, del mundo.
En este territorio la guerra ha estado determinada, entre otros factores, por la disputa del territorio y los recursos mineros energéticos, la lucha por la tierra y por su posición geoestratégica; en dicha disputa han participado las multinacionales, la oligarquía, la burguesía, sus sectores aliados y sus grupos paramilitares contra los pueblos, sus comunidades y sus organizaciones.
En ese complejo devenir y desde que se forjó el movimiento social en el Catatumbo se han construido propuestas de transformación del territorio a partir de la movilización, la unidad y la acción política de calle. Incontables son las movilizaciones y esfuerzos que se han hecho llamando la atención del Estado colombiano y sus gobiernos para buscar soluciones a las necesidades del mismo. La respuesta ha sido la represión, el abandono y la exclusión social y política de sus habitantes en la definición del presente y futuro de su vida.
Las comunidades catatumberas han planteado siempre que la clave para la transformación de sus condiciones está en el desarrollo de las potencialidades de la comunidad, el establecimiento de dinámicas vinculantes y decisorias para la autodeterminación y la permanencia digna en el territorio, al tiempo en que se desarrollan transformaciones nacionales definidas por las mayorías en el país, en otras palabras que la paz se construye con el desarrollo de los planes de vida de las comunidades, el cumplimiento de los acuerdos y las transformaciones de la dinámica estructural del país.
1. Ninguna decisión sobre el territorio sin la participación decisoria de las comunidades y sus organizaciones. Todo plan de acción, desde lo humanitario hasta lo que apunte a cambiar las condiciones estructurales, debe ser decidido con las expresiones organizadas del territorio. Son ellas las que han padecido el abandono estatal y las que pueden organizar sus planes de vida y desarrollo. Toda acción por fuera de ello solo traerá problemas en el mediano y largo plazo.
2. Dialogar es el camino. Exhortamos al ELN y a todos los sectores económicos y sociales y políticos, estatales y no estatales, que existen en el Catatumbo, a desarrollar espacios de diálogos sobre la situación actual y buscar salidas que beneficien a las grandes mayorías, a quienes padecen los resultados del abandono estatal y a quienes desde hace décadas vienen construyendo ejercicios de poder popular en pro de la transformación del territorio. Este diálogo debe ser consecuente con el enfoque y sentido del acuerdo firmado en el proceso de diálogo entre el gobierno y el ELN, llamado Acuerdo de México (mayo 2023) donde Insurgencia y Gobierno, acordaron que el único camino para librar a Colombia de la guerra como expresión del conflicto social y político que vivimos, es con la participación de la sociedad en la construcción de paz, como columna vertebral de la definición de las transformaciones y cambios y su materialización. Además de ello, dichos espacios deben buscar la solución a la difícil situación humanitaria que desde hace años se ha evidenciado en el Catatumbo, así como el cumplimiento de acuerdos hechos a partir de las exigencias presentadas por las organizaciones en las movilizaciones de los últimos años y que hoy se reflejan en el PACTO POR EL CATATUMBO.
3. Rechazamos la militarización y en ese sentido exigimos la derogación del decreto de conmoción interior. Está demostrado que cuando se militariza el territorio, privilegiando la acción de la fuerzas armadas, solo se siembra más violencia, y más aún cuando se sigue actuando bajo la doctrina de seguridad nacional basada en la “existencia del enemigo interno”, que ataca todo aquello que ponga el riesgo la continuidad del régimen de acumulación en el país, razón por la cual se ataca al movimiento social y popular, y que ha generado solo en el Catatumbo 6860 víctimas directas en 5451 hechos violentos (no vinculadas a combates entre actores armados) desde que se tiene registro hasta diciembre del 2024 según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta declaratoria, que incluye una alta militarización del territorio, trae consigo un aumento en el riesgo de violación a los derechos humanos de la población por parte de la fuerza pública en su afán de “dar resultados positivos”. Esta derogación del decreto de conmoción interior debe apuntalar la discusión nacional para que juntxs, con todos los sectores sociales y políticos del país, determinemos la ruta para el cambio de la doctrina de seguridad nacional, de lo contrario seguirá la guerra contra el pueblo colombiano por parte del régimen político.
4. Solución integral a la Emergencia Humanitaria. Respaldamos los llamados que han hecho las comunidades en sus recientes declaraciones donde exigen al gobierno nacional soluciones integrales para las comunidades que se han desplazado y las comunidades que aún permanecen en el territorio, así como la exigencia de acoger la declaración de Emergencia Humanitaria realizada por las comunidades y organizaciones de la región desde hace mas de un año y desarrollar salidas efectivas a la misma.
Paz con justicia social para el Catatumbo
Congreso de los Pueblos de Colombia
