por Daniela Figueroa Ferrada*
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y la municipalización son, en realidad, dos caras de un mismo fraude que ha deteriorado gravemente la educación pública en Chile. Ambas estructuras operan bajo la lógica de un modelo neoliberal que, en lugar de fortalecer el sistema educativo, lo ha sumido en una profunda precariedad. La municipalización instaurada durante la dictadura dejó como legado una situación de desmejoramiento extremo en todos los niveles del sistema educativo, caracterizada por infraestructuras deterioradas, condiciones laborales indignas para lxs trabajadorxs de la educación y una deuda histórica que, lejos de resolverse, sigue creciendo. Esta deuda no es solo una cuestión de dinero, sino de promesas incumplidas y responsabilidades del Estado que se han evadido durante décadas.
La Ley N° 3.551 de 1981 establecía que el Estado debía financiar adecuadamente la educación pública, asegurando su calidad y equidad. Sin embargo, el incumplimiento sistemático de esta ley ha sido un factor clave en la perpetuación de la crisis educativa en el país. A pesar de las reformas y los cambios de gobierno, la deuda histórica sigue sin saldarse. Y lo más grave es que estamos ante la posibilidad de una «Deuda Histórica 2.0», pues el modelo del SLEP, lejos de resolver los problemas heredados, está repitiendo los mismos errores de desfinanciamiento y desidia. ¿Cómo es posible que, más de 40 años después de la promulgación de esa ley, esta deuda siga pendiente? ¿Acaso no estamos de nuevo atrapados en un ciclo de negligencia estatal que ya hemos vivido en el pasado?
Este patrón de abandono y mal manejo de los recursos públicos no es una casualidad. El Consejo de Defensa del Estado ha presentado más de 200 querellas por delitos de corrupción en diversas comunas del país, donde las municipalidades han sido acusadas de fraude al fisco. Esto demuestra cómo la administración de los recursos públicos, bajo este modelo, ha sido tanto negligente como opaca, contribuyendo a la precarización de la educación pública y a la violación de los derechos de lxs trabajadorxs.
El traspaso de responsabilidades al SLEP no ha resuelto las problemáticas heredadas de la municipalización. Por el contrario, ha generado nuevos conflictos, dejando a lxs trabajadorxs de la educación con deudas impagas. Un claro ejemplo de esta situación se da en la comuna de San Bernardo, dentro del SLEP El Pino, donde, a tan solo un día de la transición al SLEP, la administración de la educación municipal se enfrenta a una deuda monumental. Este problema no es aislado, sino que es consecuencia de la desatención de la actual administración, encabezada por el alcalde Christopher White, que actuó con irresponsabilidad absoluta. En su última jornada, no solo dejó a la comuna con una deuda pendiente, sino que además no informó a los trabajadorxs del embargo realizado el 23 de diciembre de 2024, el cual solo fue presentado públicamente recién el 30 de diciembre en el Concejo Municipal.
Lxs manifestantes presentes en dicho consejo exigieron el pago de sus sueldos, un derecho legal que no puede ser objeto de negociación. No se trata de una reivindicación secundaria, sino de una exigencia mínima, porque lxs trabajadorxs de la educación han cumplido con su labor y merecen recibir lo que les corresponde. Esta situación, sin embargo, no se resuelve con un simple pago atrasado. La lucha de lxs trabajadorxs continúa, porque la deuda persiste y no se limita a un solo pago.
Los convenios existentes bajo la municipalización deben ser respetados y trasladados íntegramente al nuevo sistema del SLEP.
Lo que ocurre en San Bernardo es solo un reflejo de lo que está sucediendo en muchas otras comunas del país, donde la promesa de un cambio mediante el SLEP no ha resuelto las problemáticas estructurales que arrastra el sistema educativo. Este tipo de situaciones —deudas, omisiones y fraudes— no son accidentes aislados, sino parte de un modelo que sigue privilegiando la precarización y el lucro a costa de la educación pública.
El verdadero desafío sigue siendo devolver la educación al Estado, eliminando la intermediación de estructuras como la municipalización y el SLEP, que solo han impuesto el desvío de recursos y condenado a lxs trabajadorxs y estudiantes a un círculo de desigualdad y explotación. El sistema capitalista, al seguir priorizando la rentabilidad sobre la justicia social, continúa empobreciendo la educación pública, la cual debería ser el pilar fundamental del país para reducir las desigualdades sociales.
¿Cómo es posible que, a pesar de las promesas de reforma y mejora, la educación pública siga siendo vista como un terreno en el que se puede recortar y precarizar, mientras el lucro y los intereses privados siguen marcando la pauta? En lugar de promover una educación inclusiva y de calidad, que pueda ser un motor de justicia social y un freno a la violencia y la delincuencia, el sistema perpetúa la desigualdad y la exclusión. La solución, por lo tanto, está clara: devolver la Educación al Estado y garantizar que los derechos de lxs trabajadores de la educación sean respetados en su totalidad. Solo así podremos comenzar a sanar las heridas del pasado y avanzar hacia una educación que verdaderamente sirva como herramienta de cambio social.
*La autora del artículo es dirigente del Colegio de Profesoras y Profesores de la comuna de San Bernardo
