Esta estrategia incluye la colaboración de instituciones nacionales, subnacionales y municipales en beneficio de las familias bolivianas.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, anunció un nuevo plan integral destinado a controlar los precios de productos y servicios en todo el país en 2025. La iniciativa busca garantizar el acceso de la población a alimentos de calidad y a precios justos, mediante una coordinación entre autoridades municipales, departamentales y nacionales.
“Estamos listos para trabajar en un plan de control de precios en todo el país”, precisó Silva.
El Viceministro reafirmó la necesidad de contar con el compromiso de todas las entidades involucradas.
Este nuevo plan también incluye un llamado a las autoridades municipales para trabajar en coordinación con el Gobierno central, dejando de lado intereses políticos.
“La defensa de los derechos de los usuarios y consumidores debe ser una tarea compartida por todas las autoridades, no una responsabilidad exclusiva del nivel central”, afirmó Silva.
El programa comprende también la colaboración activa de instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) y la Policía Boliviana.
El viceministro cuestionó la falta de control en los mercados por parte de las intendencias municipales, y señaló que su ausencia fomenta el agio y la especulación, afectando directamente a los consumidores del país.
“Es preocupante que las intendencias municipales no estén presentes en los mercados. En algunos casos, solo intervienen para perseguir a pequeños comerciantes, mientras que los grandes especuladores no son fiscalizados”, denunció Silva.
Silva enfatizó en que la prioridad debe ser la defensa de los derechos de los consumidores, y destacó ejemplos positivos de colaboración en algunos municipios.
“No estamos al servicio de ningún partido político, estamos al servicio del pueblo boliviano. Es momento de que todas las autoridades cumplan con sus funciones priorizando la defensa de los consumidores”, subrayó.
“El 2025 debe ser un año de cambio, en el que todas las autoridades trabajemos de manera coordinada para evitar el agio, la especulación y garantizar que la población reciba productos y servicios de calidad. Estamos listos para trabajar en este desafío y convocamos a todos los niveles del Estado a sumarse a este esfuerzo”, concluyó.
