Más de 50 organizaciones sociales y ambientales nacionales e internacionales formaron una coalición para oponerse a la militarización estadounidense de las Islas Galápagos, argumentando que vulnera la Constitución ecuatoriana, amenaza la biodiversidad del archipiélago y compromete la soberanía nacional.
La reciente autorización del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos para permitir el ingreso de tropas, buques y aeronaves estadounidenses al archipiélago ha generado un rechazo contundente de una coalición compuesta por 50 organizaciones sociales, nacionales e internacionales. La Coalición Contra la Intervención Militar en Galápagos sostiene que esta medida representa una grave amenaza para la soberanía de Ecuador, así como para la preservación ambiental de uno de los ecosistemas más frágiles y emblemáticos del mundo.
En un comunicado, la coalición enfatizó que la Constitución ecuatoriana establece al país como un “territorio de paz”, prohíbe las bases militares extranjeras y exige la consulta previa a las comunidades locales sobre decisiones que puedan afectar el ambiente. “Galápagos no está en venta, no está en guerra y no puede ser militarizada”, subrayaron.
Entre los riesgos señalados, destacan los graves impactos en los ecosistemas marinos y terrestres, incluyendo daños a arrecifes de coral, especies migratorias y un aumento en la contaminación por la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de operaciones militares. Asimismo, la coalición alertó que esta medida contradice los principios de preservación ambiental del archipiélago, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
La disposición para permitir la presencia militar en Galápagos se enmarca en el Estatuto de las Fuerzas, un acuerdo firmado en 2023 entre Ecuador y Estados Unidos, durante la administración de Guillermo Lasso, y ratificado por el actual gobierno de Daniel Noboa. Este acuerdo otorga privilegios diplomáticos al personal militar y civil estadounidense, así como exenciones de impuestos administrativos para el ingreso de buques y aeronaves.
Aunque el Gobierno ecuatoriano justifica la medida como una estrategia para combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas, la coalición cuestiona su efectividad. Señalan ejemplos en México y Colombia, donde la militarización no ha logrado reducir el narcotráfico y, por el contrario, ha generado vulneraciones a los derechos humanos.
La coalición también recordó casos históricos como la presencia de tropas estadounidenses en la base de Manta, que resultó en denuncias de abusos y afectaciones a las comunidades locales. Por ello, hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional para respaldar la lucha por preservar la soberanía, biodiversidad y paz en las islas.
