por Raúl Ortiz Patiño
Diana Salazar se convirtió en Fiscal General de la república obteniendo un puntaje de 10 sobre 20 en los exámenes de selección del concurso público, gracias a la influencia del impresentable político de origen conservador Julio César Trujillo, entonces Presidente del Consejo de Participación Ciudadana «Transitorio» (1918); organismo que no existía en la Constitución de la república y por tanto creado de manera ilegal. Es decir, Diana Salazar fue escogida entre los peores concursantes que obtuvieron las notas más bajas del concurso público en el que participó, por lo que su selección nació bajo el signo de un «pecado original» judicial manchado de ilegalidad con el propósito de perseguir a Rafael Correa y todo lo que huela a «correísmo» desde su función de Fiscal General del Estado para que cumpla la perversa misión de «descorreisar» tal Estado, impulsada por el traidor de la Revolución Ciudadana recién electo Presidente y ahora prófugo de la justicia, Lenín Moreno, protegido por el gobierno de derecha en Paraguay.
Por el momento, Diana Salazar está literalmente «prófuga» presumiblemente en Argentina, país gobernado por el supra «libertario» de derecha Javier Milei. ¿Y sino a qué otro país de la región podría ir con tales inicuas ejecutorias?
La Fiscal que tildaba de prófugo al ex Presidente Rafael Correa, asilado en Bélgica en condición de refugiado y que pidió varias veces la orden de aprehensión de Correa a la Interpol con igual número de rechazos, ahora ella sí se encuentra prófuga, huyendo de los presuntos delitos de fraude procesal, tráfico de influencias para gestión de cargos públicos, difusión de información reservada a ser usada, entre otros, por un ejército de «periodistas», 154 radios y granjas mediáticas de trolls operando en la oscuridad, para favorecer al ex Presidente Guillermo Lasso y sus secuaces como Hernán Luque Lecaro, ex alto ejecutivo del Banco de Guayaquil de propiedad de Lasso y también destacado ex funcionario de ese gobierno neoliberal, el mismo que se encuentra también «refugiado» (¿…?) en la Argentina de Milei con orden de extradición por temas pendientes con la justicia; y al mismo tiempo perjudicar al ex Presidente Rafael Correa, traficando tal información en contubernio con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la república asesinado, según se desprende de los chats develados en el celular del ex candidato referido.
A la Fiscal 10/20, ahora prófuga, le llegó la hora de rendir cuentas a la justicia de sus sórdidas trafasías. Karma le llaman. Y quienes están al frente de las investigaciones y denuncias a la desacreditada Fiscal ante el Fiscal Subrogante, son precisamente dos mujeres. Una de ellas la Asambleísta «correísta» Mónica Palacios, perseguida y sancionada por acción de la bancada legislativa (ADN) del Presidente actual Daniel Noboa. Es de esperar que con tal prontuario, al que se suma una denuncia de falsificación de su tesis de grado de abogada que fue diluida por la misma Universidad Central para vergüenza de la comunidad académica del país, Diana Salazar, sea juzgada y sentenciada con la misma vara con la que actuó como Fiscal, condenando a gente inocente y opositora a sus planes y socios políticos, pero desde un enfoque y perspectiva de aplicación honesta y transparente de la justicia por el bien del país entero en procura de rescatar la justicia y devolverle su sentido de decencia y probidad.
En medio de esto, un pueblo se debate en el centro de una multi crisis económica causada por la aplicación de recetas neoliberales, sufriendo una inseguridad pública con crecimiento exponencial de extorsiones, secuestros, asaltos, masacres y tráfico de drogas, apagones que llevan tres meses afectando en gran medida a las grandes industrias que soportarán 15 días más de apagones totales a partir del 15 de diciembre, al resto de empresas y comercios, y miles de emprendimientos pequeños y medianos que han quebrado sin remedio, fomentando una segunda estampida migratoria (la primera se produjo en el 2000 por el feriado bancario ejecutado por el Presidente de derecha de entonces Jamil Mahuad que expulsó a más de 2 millones de ecuatorianos a EU y Europa) que ha convertido al Ecuador en el segundo país que obliga a sus ciudadanos a migrar al exterior (en este año sobrepasan los cien mil) después de Haití en América Latina.
La esperanza de salir de esta grave situación social se avizora para el 9 de febrero del próximo año, fecha en la que se realizarán las elecciones generales en el país, salvo que la población, al borde de un estallido social que ha comenzado con un paro provincial que se extiende a toda la región amazónica por la construcción de una mega cárcel en Archidona, se desborde con consecuencias impredecibles.
Paralelamente, los desatinos autoritarios inconstitucionales del Presidente Daniel Noboa, como publicar la Ley Antipillos que impone más impuestos al pueblo mediante la compra de vehículos usados, en el Registro Oficial, ignorando la facultad legislativa de la Asamblea Nacional; la ilegal suspensión de la Vicepresidenta de la república Verónica Abad por 150 días con el fin de participar en la reelección presidencial por temor a qué se destapen sus turbias negociaciones con intenciones privatizadores de empresas públicas petroleras, mineras e hidroeléctricas; además de una grosera renegociación de la deuda externa ante el FMI solicitando otro préstamo de USD 4 mil millones, incrementado la deuda externa que sobrepasa los USD 86 mil millones y pese a contar con una Reserva Monetaria Internacional de más de USD 8 mil millones, sin que se perciba inversión pública en salud educación y seguridad, todo lo cual también podría contribuir a desbordar el vaso de la ebullición popular. Y en estos casos, el pueblo ecuatoriano ya echó del poder tres Presidentes: Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad el 2000 y Lucio Gutiérrez el 2025, en 8 años apenas.
