This still frame from a video tape release on Wednesday, April 26, 2000, shows yellow evidence tags in the library at Columbine High School after the April 20, 1999 shooting. Ten of the twelve students killed in the shooting were killed in the library. (AP Photo/HO)
por Juan González López
El 20 de abril de 1999 dos estudiantes emprendieron a tiros contra compañeras/os y profesoras/es, en una escuela en Estados Unidos. Asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor antes de suicidarse. Este hecho, llamado por los medios “la masacre de Columbine”, causó gran conmoción en la sociedad norteamericana. Trabajos académicos, documentales y películas promovieron una profunda reflexión sobre la pobreza, el sin sentido, y la compleja vida de los jóvenes en una ciudad golpeada por el desempleo y la desigualdad.
Ninguno de estos análisis gatilló alguna acción pedagógica en la autoridad. Lo único que se hizo fue profundizar las medidas de seguridad escolar. Un complejo puzzle se redujo a la violencia juvenil, este era el enemigo a controlar. Revisión de mochilas, detectores de metales, vigilancia, segregación y exclusión de estudiantes, incluso expulsiones. “Tolerancia Zero”, más allá de sus complejas causas, más allá de lo que necesitaban las/os jóvenes y por supuesto, más allá de los Derechos.
Después de 25 años, en Octubre del 2024, un grupo de estudiantes resultaron quemados mientras se alistaban para salir a hacer una barricada en el Internado Nacional Barros Arana en Chile. La barricada es un tipo de protesta que, hace años, se repite en varias escuelas municipales. Un “ritual” que recuerda la impotencia y la rabia que produce que “la autoridad”, sea ciega, sorda y muda, ante la evidente crisis, ya terminal, del sistema de educación pública, donde estudian quienes son más golpeados por la creciente desigualdad social. Los medios de comunicación lo bautizaron como “la tragedia del INBA”, y tal como ocurrió hace 25 años en Estado Unidos, la reacción institucional fue la “tolerancia fue cero».
El ministro Cataldo ha declarado que no hay nada que justifique lo que ocurrió y anunció que se trabajarán “protocolos” y se reforzará el trabajo con las policías. El Municipio de Santiago interpuso una querella contra quienes resulten responsables, solicitando un fiscal especial, acusando que habrían “adultos externos” involucrados. Tras esto, el liceo fue periciado y allanado, ha habido jóvenes interrogados, suspendidos e incluso expulsadas/os. Un sensacionalista reportaje en el canal público preguntaba ¿Quiénes son los responsables de la tragedia del INBA? Especulando acerca del posible financiamiento externo que recibirían estudiantes para protestar. Mientras, diputados y opinantes de derecha exigen poner pórticos de seguridad, detectores de metales y cámaras de vigilancia en las escuelas.
La situación en las escuelas chilenas ya es represiva. Los expedientes de expulsión registrados por la Superintendencia de Educación aumentan año a año. Si en el 2022 se registraron cerca de 1000 expedientes, en el 2023 se registraron más de 1700, y este año se esperan que hayan muchos más. Según la superintendencia, el liceo que más registra expulsados/as es el Instituto Nacional. Ejemplo emblemático. Arrastra una larga, profunda y compleja crisis que implica conflictos con sus profesoras/es, exceso de clases on line, falta crónica de recursos y un sinnúmero de problemas, que tienen como telón de fondo el hecho que la educación pública está hoy a su suerte. Condiciones similares se viven en Liceo de Aplicación, Confederación Suiza, Barros Borgoño, Darío Salas y una larga lista de Liceos, en los que se conjuga este complejo puzzle.
La “masacre de Columbine” y la llamada “tragedia del INBA”, son hechos muy diferentes, sin embargo, la reacción irracional y autoritaria de la autoridad, es igual.
