por Manuel Acuña Asenjo
Concepto: Nadie que no sea la misma comunidad puede introducir cambios a su propia forma de organización. Sin embargo, cuando eso sucede, existe una clara trasgresión al principio de la potestad constituyente que radica, única y exclusivamente, en el conjunto social. Quien lo hace, ejerce atribuciones que no le competen, que le son ajenas. Y comete el delito de ‘usurpación’ en el más estricto sentido de la palabra.
PROPONIENDO UNA REFORMA
El día miércoles 27 de noviembre recién pasado, con la firma de Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Gastón Saavedra (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Luciano Cruz-Coke (EVÓPOLI), ingresó un documento en la oficina de partes respectiva para ser enviado a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta donde debería iniciar su tramitación. El libelo en cuestión tenía por objeto poner a disposición del Parlamento el contenido de una proposición de los referidos parlamentarios relativa a la ‘reforma del sistema político’.
La discusión sobre una posible reforma a la forma de organización política no es algo nuevo. Por el contrario, fue asunto que se trató durante muchos meses entre algunos (no todos) personeros de la ‘élite política’ nacional, principalmente del Senado, según lo consigna un medio de comunicación. El tenor de esos debates, por desgracia, nos resulta enteramente desconocido
FUNDAMENTOS DE LA REFORMA
No conocemos, por consiguiente, los verdaderos fundamentos de la reforma propuesta. Pero algunos de ellos parecen manifestarse en las palabras de dos de sus impulsores; en primer lugar, del senador Alfonso de Urresti, para quien “[…] hay un amplio consenso de buscar mayor estabilidad política, mayor representatividad y mayor gobernabilidad en ambas cámaras con un sistema que avance en elementos que fueron de consenso en el acuerdo constitucional, principalmente en la Comisión de Expertos”.
Y, en segundo lugar, de la senadora Luz Ebensperger quien, entre otras cosas, señaló en esa oportunidad: “Estamos frente a un sistema político que ya cumplió su ciclo, tenemos que mejorarlo porque así mejoramos la democracia. ¿Cómo hacerlo? Acercándonos más a la ciudadanía, buscando mayores acuerdos, evitando la mayor polarización que se ha venido dando en el último tiempo”.
Los argumentos no son poderosos. No avalan la presentación de tal infundio. No justifican que se haya distraído tanto a la opinión pública para presentar una propuesta tan elemental.
Pero en estos asuntos de reformas siempre hay lugar para otras razones. Así, se señala, por ejemplo, por una parte, que una de aquellas podría ser la proliferación de partidos políticos. Y se recuerda que en 2022 existían 21 organizaciones de esa índole, en tanto hoy se conocen 25, más 6 que están en proceso de formación. Para los sostenedores de esta tesis, esta circunstancia conduciría a la ‘fragmentación de la representatividad’, a la que también se la llama ‘balcanización’ o si se quiere, ‘atomización’ política.
Por otra, se argumenta que una reforma, como la propuesta, busca “[…] garantizar tres aspectos de relevancia: darle al sistema mayor estabilidad, mejorar la representatividad y dotar de mayor gobernabilidad al país a través de mayorías parlamentarias consolidadas”.
Pero todo ello, ¿justifica, verdaderamente, la presentación de semejante libelo?
¿CONSENSO PARA HACER REFORMAS?
Los impulsores de la iniciativa indican que hay consenso parlamentario para llevar a cabo la iniciativa propuesta. Sin embargo, aquello no parece ser tal. Lo que daría pie para suponer que esos parlamentarios, opositores a la misma, lo harían por razones de principio, como lo son las vinculadas al derecho de la comunidad nacional a participar en debates que le permitirían darse la forma de organización política que más quisiese. Pero eso tampoco es así.
Por el contrario. Las razones de los ‘honorables’ (y, en consecuencia, de la ‘élite política’) en torno a no aceptar la reforma no miran el interés nacional sino derivan y se relacionan estrechamente a la defensa de sus intereses personales, entre otras, la pérdida de la representación parlamentaria con todo lo que eso puede significar: pérdida de un empleo público bien remunerado, pérdida de la influencia que el cargo ejerce en la esfera social, en fin. Por eso, son los partidos chicos los que miran con temor lo que puede acarrear para ellos una reforma como la propuesta. Y, por supuesto, no la aceptan.
UNA RELACIÓN HISTÓRICA QUE ES MENESTER RECORDAR
El interés de esos sectores dice estricta relación con la forma que ha de adoptar en su región jurídico/política del modo de producción capitalista. Si la base económica de la sociedad no solamente tolera sino alienta la concentración del poder económico, también ha de alentar la concentración de los sucesos que tienen lugar en la región jurídico/política. No es casualidad que en Chile haya regido hace un tiempo atrás, lo que se conoce como ‘binominal’, es decir, la forma de enfrentar los procesos eleccionarios con solamente dos grandes conglomerados.
Hace unos cuarenta años, el economista estadounidense Martin Shubick llamó la atención sobre el fenómeno de la dispersión política (y sindical) e hizo cálculos acerca del costo que le significaba al Estado norteamericano entenderse con multitud de entes pequeños. Recomendó crear grandes partidos, grandes sindicatos o federaciones de sindicatos, grandes asociaciones gremiales, grandes corporaciones, a fin de impedir que el Estado perdiera tiempo resolviendo los problemas de multitud de organizaciones pequeñas. Era el inicio de la concentración del poder político que en los Estados Unidos (y en muchas otras naciones) hasta el día de hoy persiste, conviviendo en estricta armonía con la concentración del poder económico en grandes corporaciones y el control de los medios de comunicación también en grandes consorcios, en el desempeño de su rol de formadores de la cultura nacional.
La existencia del llamado ‘binominal’ (al que no se quiere volver por parte de organizaciones pequeñas) no obedece sino a la forma de actuar que se impuso en Estados Unidos hace más de 40 años, y que se repitió en nuestro país como consecuencia del axioma aquel según el cual las ideas de la clase dominante son las ideas de los sectores dominados.
UN SISTEMA QUE NO ES SISTEMA SINO REGIÓN, ESPACIO O ÁREA DE UN MODO DE PRODUCIR
La primera incongruencia que encontramos en esta propuesta es su asimilación con ‘sistema’. En realidad, no estamos en presencia de un sistema, de acuerdo a la teoría general de los sistemas, sino más bien de un aspecto que presenta la forma de organización de la superestructura jurídico/política de la nación. La forma de producir es, en sí, un sistema; no sus diversas regiones a áreas en que se divide. Y ahí radica la primera crítica que podemos hacer a la propuesta de los ‘honorables’.
Nos remite a recordar la estructura que presenta el modo de producción capitalista y sus tres regiones: la económica (1) sobre la cual se levantan la jurídico/política (2) y determinadas formas culturales o formas de ser (3) o, si se quiere, la región ideológica. La reforma que se está pretendiendo realizar afecta solamente a la región jurídico/política de esa forma de producir; y ni siquiera a toda ella, sino a algunos de los aspectos que presenta y que parecen molestar a algunos.
No se trata de reformar, en consecuencia, un aparataje político sino, apenas, cinco aspectos que se encuentran claramente establecidos en la propuesta:
1. Limitar la presencia parlamentaria de partidos que no alcancen más allá del 5% de respaldo electoral.
2. Prohibir listas de independientes.
3. Hacer cesar en el cargo a quienes renuncien a seguir militando en el partido al que pertenecían.
4. Reducir el número de partidos y facilitar sus fusiones.
5. Modificar el financiamiento de los mismos.
PROBLEMAS POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD NACIONAL
Pero, ¿son esos problemas presentados por el grupo de senadores los que causan conflictos en la estructura jurídico/política de la nación? Es decir, resolviéndose favorablemente la reforma propuesta, ¿se resuelven también los problemas que presenta dicha estructura? Más exactamente: ¿radican allí los problemas que hoy presenta la conducción partidaria, ejercida en el país desde la aprobación de la constitución vigente? ¿Resuelven esas reformas la baja credibilidad de la cual goza el Congreso Nacional? Y más directamente, ¿cuáles son los problemas que tiene esa estructura jurídico política de la nación? ¿Es posible enumerarlos? ¿Aquellos que han sido descritos, son verdaderamente los problemas que arrastra la estructura política de la nación? ¿O lo más terrible es que se trata de un problema más estructural? La cuestión no es tan simple. Porque una reforma como la propuesta genera preguntas que, por el simple hecho de formularse, exigen respuestas correspondientes. Intentemos avanzar en esa dirección.
Los problemas que presenta el mal llamado ‘sistema político’ ¿derivan de la forma de gobierno actualmente vigente, es decir, de la democracia? Si hubiere una forma de gobierno diferente a la democracia, ¿persistirían esos problemas? ¿Se expresa la democracia solamente a través del ejercicio del voto? ¿No hay acaso otras formas de expresar la voluntad popular? ¿Son los partidos los únicos sujetos a través de los cuales la opinión pública puede hacer valer su voz? ¿Por qué? ¿Quién o qué los ha hecho imprescindibles? ¿No pueden tener presencia en las lides políticas otros sujetos sociales? ¿Son esas organizaciones las únicas encargadas de ejercer los mecanismos que brinda la democracia y, en consecuencia, seleccionar los candidatos de entre sus propias filas? ¿Está vedado para el ciudadano corriente el ejercicio directo del derecho a participar en la vida social de la nación?
Está claro que la reforma propuesta modifica ciertos aspectos —que no son muchos—, dejando inamovible el resto de la estructura jurídico/política de la nación y no resuelve los interrogantes que hemos planteado. Deja, en consecuencia, inamovible la forma de gobierno que se ha adoptado y, por lo mismo, el resto de su armazón reglamentaria como si la misma constituyese el alma de la comunidad nacional. Sobre eso no parece existir voluntad de cambio. Ni mucho menos intentos de interpretar y satisfacer la voluntad popular. Por el contrario. Hay en esa actitud una reiteración afirmativa en la que nos parece escuchar palabras como que han oído los lamentos de la ciudadanía; que, conmovidos por ello, tras largas deliberaciones, han podido elaborar un proyecto de ley que interpreta tales aspiraciones. ¿Mesianismo? Puede serlo. Como puede ser también una forma de proteger sus propios intereses. Y es que el triunfo mayor de la forma de acumular impuesta por José Piñera, desde los primeros años de la dictadura (hoy vigente aún), ha sido crear un ‘chileno de mercado’, un chileno ‘mercancía’, fácilmente comprable o arrendable, fácilmente tasable en el comercio. Es el chileno ‘mercader’, que aspira a cargos bien remunerados y busca militar en partidos que le aseguren esos beneficios; así va a lograr jubilaciones altas y enfrentará de manera exitosa los avatares de la vejez. La política no es más que una forma de ganarse la vida. Los escándalos que se denuncian a diario no son simples entelequias. Esas personas ascienden al Parlamento y, generalmente, no son las más idóneas para el ejercicio de las funciones legislativas; tampoco lo hacen mejor en otras dependencias estatales como lo son el Poder Judicial y el Ejecutivo, reflexiones que bien pueden explicar reformas como las que estamos describiendo.
EL PODER CONSTITUYENTE
La constitución pinochetista, aún vigente, no desconoce que la soberanía de la nación radica en la comunidad nacional. Su art. 5 dispone en el inciso primero: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.”
Sin embargo, y a pesar de lo explícito del mensaje, hay dificultades para que ese principio elemental se respete y reconozca por los propios parlamentarios. Frecuentemente aflora en ellos la voluntad de secuestrar ese poder en beneficio propio; frecuentemente, aunque en forma disimulada la apropiación de tal derecho ancestral se lleva a cabo por parte de no pocas autoridades.
En Chile esa actitud es frecuente. Se practica con asiduidad por la llamada ‘elite política’, que jamás contribuirá a la formación de una ‘Asamblea Constituyente’, misión tan difícil para ella como aceptar que el ‘comunismo’ pueda gobernar este país. Explica además la baja credibilidad que la comunidad tiene en las organizaciones políticas y la enorme dificultad que existe para realizar reformas de esa naturaleza pues, como lo expresa un comentarista, “[…] la falta de legitimidad de los partidos políticos es un obstáculo fundamental”.
A lo largo de su historia, el conjunto dominante de la sociedad ha creado espantos nocturnos tan vigorosos que en pleno siglo 21 siguen aterrorizando a los ciudadanos como si fuesen una amenaza real. Recuerdan el temor de los chilenos cuando se les dijo que podrían llegar tanques soviéticos frente a La Moneda, en una época cuyos limitados avances tecnológicos impedían tal supuesto. En realidad, los únicos tanques que han estado frente al palacio de Gobierno, disparando contra sus moradores, han sido los del Ejército chileno.
La gran protesta social de 2019 fue contenida por la ‘élite política’ del país con el llamado ‘Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución’, de 15 de noviembre de 2019, en donde los poderes fácticos que gobernaban el país se comprometieron a dictar una nueva constitución nacida desde la misma base social. Es cierto que las primeras tentativas de llevar adelante este compromiso fracasaron, pero eso no significa que la tarea se haya agotado. Por el contrario, sigue pendiente, y el creciente desprestigio de las instituciones hace tremendamente necesario emprender la tarea de avocarnos a la construcción de esa carta fundamental que ha de regirnos. No podemos seguir parchando, leyes tras leyes —muchas de ellas dictadas sin mayor prolijidad por parlamentarios ineptos— el raído traje de la democracia en este país. No podemos continuar esperando las sentencias de autoridades corruptas que enjuician a otras tanto o más corruptas que ellas. Una sociedad que se reproduce sobre sí misma, como lo hacen todas las sociedades, cuando está corrupta sólo reproduce corrupción.
Chile atraviesa por una crisis profunda caracterizada por la falta de credibilidad en sus instituciones políticas. No hay confianza en las instituciones ni en sus agentes. Y lo peor: gran parte de los actuales parlamentarios son culpables de lo que hoy sucede. No son, por tanto, los indicados a señalar las formas de salir de una crisis que ellos mismos han provocado. Están deslegitimados. Por lo mismo, resulta inaceptable que un grupo de ellos tome sobre sí la tarea de redactar una reforma que solamente va a servir para satisfacer sus bajos intereses y no los de toda la nación. Dice al respecto otro comentarista: “[…] vivimos en una época en la que los políticos eluden las responsabilidades más importantes y, para colmo, tienen la facilidad de presentar esas renuncias como si fueran éxitos estratégicos”.
Devolver a la comunidad nacional su protagonismo en los asuntos sociales parece ser el camino adecuado. Y construir una Asamblea Constituyente para darnos la institucionalidad que queremos.
Referencias
Redacción: “Vlado Mirosevic aboga por reforma a sistema político: ‘Hay que subirle el tono a la discusión en el Congreso’”, RUCH, 30 de noviembre de 2024.
Lillo, Daniel: “Partidos se deciden a reformar sistema político: Proyecto establece umbral y castiga a ‘parlamentarios rebeldes’”, ‘El Desconcierto’, 27 de noviembre de 2024.
Cárdenas Guzmán, Andrés: “Tiemblan ‘partidos pyme’ ante reforma al sistema político apoyada desde el PS a la UDI”, ‘El Mostrador’, 29 de noviembre de 2024.
Lillo, Daniel: Art, citado en (2).
Su libro fue publicado en 1982 y se denomina “La teoría del juego en las ciencias sociales”.
Inostroza, Víctor: “Sistema político: un cambio necesario, pero ¿posible?”, ‘El Dínamo’, 06 de diciembre de 2024.
Lagos, Juan: “Crisis de autoridades”, ‘El Líbero’, 06 de diciembre de 2024.
