por Diana Patricia Arias Henao
Para los cristianos, los apóstoles representan los enviados por Jesús de Nazaret a pescar hombres mediante la multiplicación de su palabra en un proceso de evangelización. Para los colombianos, en especial para una minoría academizada, los Doce Apóstoles representan el mismo infierno, reencarnando al terrorismo de Estado en un proceso de limpieza social o de exterminio de civiles inocentes, considerados guerrilleros, drogadictos o fuera del régimen paramilitar. Judas Iscariote traicionó a Jesús y besándolo en la mejilla lo crucificó. Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez, que parece ser el mismo Judas Iscariote de los colombianos de izquierda, aún no ha sido ni absuelto ni condenado, por ser el fundador del grupo paramilitar conocido como los Doce Apóstoles, que desapareció y asesinó con sevicia, a centenares de personas en el Norte de Antioquia, especialmente entre 1993 y 1994.
El hermanito menor del innombrable viene siendo interrogado desde 1997, principalmente por el homicidio de Camilo Barrientos Durán en febrero de 1994, un humilde conductor que fue asesinado, atado a una camioneta de la Policía y arrastrado su cuerpo por todo el pueblo de Yarumal hasta ser llevado a la puerta de su casa para que fuera visto por sus seres queridos. Camilo fue uno más de los asesinados a través de las famosas listas negras, que, según Juan Carlos Meneses Quintero, quien ejerció a sus 21 años como teniente y comandante del pueblo entre enero y abril de 1994, eran de autoría de Santiago Uribe.
Meneses cuenta que cuando llegó a Yarumal para relevar al comandante Benavides, éste le informó de las actividades de limpieza social que lideraba Santiago, y al presentárselo, éste le manifestó que su hermano Álvaro estaba respaldado por la Policía a nivel departamental y nacional, mostrándole en su finca, una pista de entrenamiento militar de sus sicarios paramilitares. Le prometió que cuando su hermano, en ese entonces Senador, fuera gobernador de Antioquia les iba a ir mucho mejor. Y parece que así fue, al menos, para los fines de la expansión paramilitar y ganadera.
Camilo no era un guerrillero. Solo tuvo una discusión con Alexander Amaya, policía y escolta de Meneses, quien ha asegurado que Santiago en la Finca La Carolina, en ese momento propiedad de los Uribe Vélez, le pidió colaboración con ese personaje. Amaya aceptó los cargos por el homicidio en 2013 y confesó que el crimen se cometió con el arma de dotación de Meneses. Se tomaron fotos con el cadáver para presumir su perversa capacidad de mando. Incluso Amaya fue en la patrulla de la Policía al funeral y se burló frente a los familiares, manifestado: así era que lo quería ver. Meneses y Amaya confesaron su participación en el homicidio. Los ex policías aseguran al igual que lo ratificara Salvatore Mancuso en el marco de la Ley de Justica y Paz, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que Santiago era el jefe de sicarios de los llamados: Los Doce Apóstoles. Valga recordar, que las AUC se desmantelaron en 2005, cuando Álvaro Uribe amnistió a narcotraficantes disfrazados de paramilitares en el proceso de Santa Fe de Ralito, que aún mantiene en fuga al ex comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, por acusaciones de obedecer a una falsa desmovilización. Al estilo del proceso de desarme del Ejército Popular de Liberación (EPL), que terminó por gestar el reencauche paramilitar y sus nexos narcotraficantes en Córdoba y Urabá.
En el informe de Sergio Mesa Cárdenas, oriundo de Yarumal, entregado a la Comisión de la Verdad, llamado igual que su libro: El Apóstol Santiago, denuncia el asesinato por parte de los Doce Apóstoles en complicidad con la Fuerza Pública de 533 personas entre 1992 y 1998.
Álvaro Uribe, en la época en la que sucedieron los hechos, ejerció como Senador (1986-1994) y como gobernador de Antioquia (1995-1997). Desde 1993, Amnistía Internacional, alertó los nexos entre los paramilitares y la Fuerza Pública en Yarumal.
El informe también definió la mutación paramilitar de la organización en el tiempo. Originándose a finales de los 80s, con las ejecuciones extrajudiciales del capitán de la Policía, César Emilio Camargo Cuchía, más conocido como el Capitán Represa, por los rumores de arrojar a los cuerpos de sus víctimas de la Unión Patriótica a la Represa de Miraflores. En 1992, a través de un panfleto, las Autodefensas del Norte Lechero, hicieron pública su existencia y operaron hasta 1995, tratando de borrar las huellas de la participación de Santiago y sus amigos comerciantes, capturados por la presunta financiación al grupo paramilitar. Otro líder fue el ex alcalde Álvaro Vásquez. Todos fueron señalados como orquestadores del grupo paramilitar en 2012 por el Consejo de Estado, excepto Santiago.
Luego, se allanó la Casa Cural deteniendo preventivamente al Padre Gonzalo Javier Palacio, quien se valía de las confesiones sacerdotales para suministrar información para la confección de las listas negras de los Doce Apóstoles, bautizada así por los medios de comunicación al conocer la pertenencia al grupo paramilitar, del enviado de Dios, quien además usaba la Iglesia para esconder sus armas. Predicaba sermones antisubversivos, pagaba sicarios y se rumora que cuando se sentaba a tomar trago en el frío municipio antioqueño, morían las personas que él elegía. El cura murió en completa impunidad en 2020 a los 87 años de edad. Fue señalado de la masacre del 6 de junio de 1990 en la Vereda La Solita, donde se acribillaron tres adultos y dos niñas, sobreviviendo un bebé y dejando vivo a un niño de siete años para que desplegara el mensaje de terror. Esta masacre hoy se encuentra a la espera de un fallo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la inoperancia de la justicia colombiana, así como, muchas otras víctimas acudieron a la justicia internacional porque la mayoría de los crímenes de este grupo paramilitar siguen impunes.
Sus dolores en estos tiempos de absurdas confrontaciones políticas, parecen no ser oídos por los colombianos que se debaten en la insondable polarización política, alrededor de la figura del eterno presidente de Paloma Valencia.
En 1995, tras el desmantelamiento premeditado del Norte Lechero, Salvatore Mancuso delegó las funciones de limpieza social a un grupo enviado por él, llamado Los Costeños, que asesinaron hasta 1996, cuando Rodrigo Pérez Alzáte, alias Julián Bolívar, llegó a liderar el genocidio en Yarumal mientras ejercía paralelamente como revisor fiscal de las famosas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) de Yarumal, Angostura, Valdivia y Campamento.
Las Convivir fuertemente impulsadas por Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia, fueron declaradas ilegales por el gobierno de Ernesto Samper, dado sus nexos con grupos paramilitares. Sin embargo, éstas siguieron operando bajo el nombre del Grupo de Pérez, financiado presuntamente por el ganadero de la región, Francisco Javier Piedrahita Sánchez, que también promovió las Convivir de Sucre y Córdoba, vinculado con los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso. Fue Piedrahita quien le pidió a Mancuso enviar a Los Costeños a Yarumal. A finales del 97, cuando Julián Bolívar se fue del pueblo y terminó en el Bloque Central Bolívar de las AUC, que operaba en el Bajo Cauca al mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, gestaron entre otras y, dentro del marco del proyecto de
contrainsurgencia de las AUC, la masacre de la Granja en 1996; la del Aro en 1997, y en el 2000, la de Ochalí. Desde allí, las labores de limpieza social de los Doce Apóstoles, fue ejecutada por el Bloque Mineros, al mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, que operaba desde Tarazá, en el Bajo Cauca.
En 2015 se construyó un monumento de Memoria Histórica en Yarumal para no olvidar los crímenes de lesa humanidad y el genocidio desplegado por los Doce Apóstoles: una mujer desnuda con su vientre vacío, en alusión a una joven asesinada en estado de gestación. Al monumento rápidamente se le mutiló una pierna.
El caso contra Santiago fue reabierto en 2010 por las denuncias de Meneses desde su exilio en Argentina y la Fiscalía lo acusa de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados.
Estos últimos, al ser delitos de Lesa Humanidad, no prescriben. Fue capturado en febrero de 2016, mientras que el heterosexual procurador de aquel entonces, Alejandro Ordoñez, que procuraba como un cura mientras reculaba en sus deberes de protección, apeló la medida de aseguramiento contra Santiago, porque decía que no mostraba ganas de fugarse.
En junio de 2017, Santiago fue llamado a juicio. Sin embargo, la misma justicia que lo capturó dejó vencer los términos, y en marzo de 2018, se le otorgó una libertad condicionada. Ese mismo año, los ex trabajadores de la familia Uribe de la Finca La Carolina, develaron ante El País de España y las autoridades colombianas, los vínculos de sus patrones con paramilitares y la presencia de miembros de la Fuerza Pública en la hacienda ganadera, donde algunos presenciaron torturas, suministro de armas, asesinatos y la señalan como la base de operaciones de los Doce Apóstoles, quienes mantenían la seguridad de la zona.
El juicio terminó en 2021, pero nada se conoce del fallo a agosto de 2022, mientras que el juez sostiene que tiene mucha carga laboral y al ser un proceso que cursa bajo el antiguo sistema penal acusatorio, no hay fecha de audiencia de fallo reglada. En julio de 2022, el Centro Democrático que ve a Uribe como el propio Jesucristo crucificado, confeccionó pruebas algo chimbas para una vez más anunciar la infamia de la que es víctima su pobre angelito, tratando de romper los vínculos de la Familia Uribe con los Doce Apóstoles. Dicen los uribistas, que Santiago no pudo participar en el asesinato de Camilo porque estaba de parranda en la Feria de Manizales. Y que Meneses miente porque no le vio el dedo mocho. Vaya uno a saber por qué se lo mocharon. También dice que los testigos estrella, Meneses y
Amaya, han recibido dineros para enlodar a los hermanitos de la santísima trinidad. Y se escudan en las enfermedades mentales que le produjo a Eunicio Alfonso Pineda Luján, andar asesinando inocentes, para restarle credibilidad a su testimonio.
Otras fuentes sostienen que Santiago no ha sido condenado por la inoperancia de las anteriores fiscalías alineadas al mandato Uribe. La mayoría de sicarios y testigos del caso han sido asesinados. Pero al parecer, Santiago sería el verdadero evangelizador del terror en Yarumal.
Los Doce Apóstoles, es una de las tantas historias del apocalipsis paramilitar en Colombia que fue capturada por narco-paramilitares que con violencia y dinero crearon reglas sociales al gestar políticas y beneficios jurídicos propios, apoderándose de instituciones y negociándola con empresas multinacionales como British Petroleum, Chiquita Brands, Drummond y otros sectores locales, legales e ilegales. Insertándose inclusive en las áreas de la salud (reforma gestada y ejecutada por Álvaro Uribe donde la EPS José Prudencio Padilla y el Hospital de Santa Marta pasaron a manos del Bloque Norte de las AUC), los juegos de azar (otorgaron a la Gata Enilse López el poder de financiar la campaña de Uribe) y, el Congreso que durante las administraciones del líder espiritual de la derecha, fue investigado y condenado en un 80% por parapolítica.
Valga resumir, como bien lo hace Gloria Behar, que los Doce Apóstoles, ni eran doce, ni eran apóstoles. Los Uribe, están cada vez más expuestos por condenas e investigaciones a sus círculos cercanos en razón al paramilitarismo, que no es otra cosa, que terrorismo de Estado, al mejor estilo del coach, Jair Klein. Este macabro escenario de terror, olvido y silencio que ha vivido Colombia bajo diferentes máscaras, arreció en masacres, genocidios, cooptación territorial, de sistemas políticos y de seguridad, bajo sus mandatos gubernamentales y nacionales.
Como diría Gabo: el poder es un vicio sin término cuya saciedad genera su propio apetito.
