mejora la siguiente nota:Se avecinan nuevas acciones injerencistas de Estados Unidos en Centroamérica y El Caribe a través de la USAID con la mampara de “ayuda a los migrantes”. El objetivo: presionar a los gobiernos de izquierda del istmo y al mismo tiempo endurecer aún más las restricciones que afectan a las familias cubanas. La boliviano-estadounidense Marcela Escobari, asesora especial de Biden para asuntos migratorios y ex administradora adjunta de la USAID para América Latina y El Caribe, en enero de 2024 visitó Guatemala como parte de la delegación que asistió a la toma de posesión de Bernardo Arévalo. En esa ocsión anunció el financiamiento de 133 millones de dólares para la ejecución de proyectos en ese país centroamericano. Guatemala ha sido durante muchos años el principal receptor de fondos de la USAID en Centroamérica. Según he podido recabar, entre el 2000 y el 2023, de más de $6,400 millones destinados a mantener el dominio estadounidense en la región, más de la mitad, unos casi $2,300 millones, han ido a parar a ese país. De ese tipo de partidas salieron, entre otros, los fondos para financiar el golpe contra el gobierno de José Manuel Zelaya en Honduras y el intento de revolución de Colores contra el gobierno sandinista de Nicaragua en 2018. Una parte del dinero de no tiene descripción en el sitio web de la USAID: son proyectos secretos de fines, naturalmente, demasiado inconfesables como para hacerlos públicos. La proporción de estos proyectos ha ido aumentando fuertemente desde el año 2012, pasando de unos pocos por país en promedio hasta entre 80 y 180 para cada pais excepto Costa Rica y Panamá. En el caso de Guatemala, se trata de una suma superior a los $414,000 dólares. Al mes siguiente de su visita a Guatemala, en febrero, Escobari intentó boicotear al gobierno de Xiomara Castro en la vecina Honduras acusándolo de amenazar a miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), vinculada al expresidente Juan Orlando Hernández, sometido a juicios por varios delitos (incluso narcotráfico) cometidos durante su presidencia entre los años 2014 y 2022. Al parecer, la idea con las presiones de Escobari a Honduras es la de provocar una situación similar a la del sangriento golpe montado por los Estados Unidos y la oligarquía hondurelña en 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Desde hace varias semanas se viene denunciando que la Embajadora de EEUU en Tegucigalpa, Laura Dogu (la misma que durante años incubó la fracasada “Revolución de Colores” contra el gobierno sandinista en 2018), y la CIA, están organizando un golpe de Estado junto con la oposición de derecha, inventando como pretexto un vínculo de la familia Zelaya con el narco. Otro operador tras este plan desestabilizador, el argentino-estadounidense Blas Núñez-Neto, también es asesor de Biden para las migraciones, pero además, es el encargado de presionar a la administración Biden para que imponga sanciones a las compañías aéreas que tienen entre sus destinos desde Cuba hacia Nicaragua.[1] Esto ha elevado los precios de los billetes de avión desde y hacia la isla, lo que impide a muchas familias cubanas reencontrarse y además dificulta a las empresas cubanas por cuenta propia viajar a Nicaragua a comprar productos y así desafiar el bloqueo estaounidense que pretende asfixiar la economía cubana. Núñez-Neto opera en alianza con los medios antinicaragüenses y anticubanos en su país, desde donde se dedica a agitar contra los gobiernos de izquierda de la región. Amparándose en la “Declaración de Los Ángeles” de 2022 Escobari por su parte busca justificar la presencia de una operadora golpista con el pretexto de “ayuda a las familias migrantes”. Esta declaración fue firmada durante la Novena Cumbre de las Américas en junio de 2022 por los Estados Unidos, Canadá y 18 países latinoamericanos entre los que no estaban Cuba, Venezuela, Nicaragua ni Bolivia. Escondida en algún lugar de la Declaracion, aparece la “frase mágica” _«Vamos a actuar para que quienes cometen abusos y violaciones de derechos humanos respondan por sus actos.»_ Nótese que el texto no especifica si se trata de delitos cometidos por traficantes de personas o secuestradores, etcétera. Al dejar la formulación abierta se abre también la posibilidad de usar la Declaración como arma política contra gobiernos no deseados. Bajo esta declaración se gestionan partidas de millones de dólares con el supuesto fin de “ayudar a las poblaciones migrantes más vulnerables”. Pot ejemplo, con una partida de $369 millones financian programas encaminadosa derrocar a los gobiernos de la región. Además la campaña cuenta con partidas de la Novena Cumbre de las Américas por $228 millones “en ayuda alimentaria de emergencia para los migrantes de Venezuela y personas desplazadas en Colombia, Ecuador”.
